La
educación para la ciudadanía se ha impuesto en casi todos los
países Europeos.
El
proceso en Inglaterra ha sido un modelo; ha habido acuerdo de todas
partes, defendiendo la importancia que tiene para las escuelas y para
la vida de la nación de manera que forme parte de la capacitación
de todos los alumnos.
El
proceso, en España, para incorporar la materia al currículo, ha
sido el contrario; desacuerdo entre partidos, improvisación y
ausencia de documentación. Delegando la tarea en los docentes,
haciendo que se ocupen de los alumnos y depositando cada vez mayores
responsabilidades.
La
asignatura de la ciudadanía dentro de la organización de un centro
sería útil si la tratáramos como un proceso para crear hábitos y
actitudes en nuestros alumnos que fomente los valores que le sirvan
para ser un buen ciudadano y no como una asignatura más con
contenidos informativos que tengan que aprender para ser evaluados,
puesto que incrementaría el currículo.
Es
necesario valorar la tarea del docente, que día a día trabaja los
hábitos para formar buenos ciudadanos, pero que estos se ven
truncados por la actuación de las familias, personajes públicos o
medios de comunicación. Ejemplos de ello sería: Los profesores
enseñan a respetar las normas cuando sus padres no las respetan.
Tratan de inculcarles autoridad mientras los profesores son desautorizados. Les exigen que renuncien a la violencia mientras
respiran agresividad en medios de comunicación. Les hacen practicar
la argumentación y la negociación en la resolución de conflictos
para que aparezcan en los telediarios una tropa de diputados
vociferando. Pretenden inculcar tolerancia mientras en su casa
ofenden a los extranjeros. Les trasmiten respeto y dignidad mientras
abundan en la tele espacios en que la gente se desagrada a sí misma.
Les recuerdan la igualdad de género mientras su madre friega y su
padre ve la televisión. Se les advierte que cuiden el medio para que
cuando alguien les da el bocadillo tiren el envoltorio al suelo.
Toda
esta desconsolada conclusión es que la materia de educación
ciudadana debería tener carácter obligatorio y evaluable para las
familias, personajes públicos, los medios de comunicación, el
congreso de diputados y el plató de televisión; para una mejora de
la educación.
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